Volver a empezar

Alejandro Blancovsky

Y la gente quería diálogo entre gobierno nacional y gobierno de la ciudad. No se podían poner de acuerdo. Y es porque, lo reconocemos nosotros, desde la izquierda, entre kirchnerismo y macrismo existen diferencias políticas considerables. Sobre política inmigratoria no podían ponerse de acuerdo, dado que existen diferencias entre la tentación de cerrar las fronteras y la política de facilitar la producción de la industria textil clandestina. Sobre las formas de reprimir no se podían poner de acuerdo, ya que cuando se mata de uniforme, unos lo hacen en nombre del orden y otros en nombre de los derechos humanos (aunque sí coinciden en tercerizar). Macrismo y kirchnerismo encontraron una plataforma para su diálogo a partir de uno de los puntos que tienen en común. Para sorpresa de los lectores de Página/12 ese punto de apoyo es la política social.

Ratificación de las políticas sociales neoliberales

“...el Estado no tiene que hacer más atractivo el comportamiento deseado, sino castigar a quienes no lo adoptan. [...] el trabajo asalariado de miseria tiene que elevarse al rango de un deber cívico (en especial, disminuyendo la posibilidad de subsistir al margen del mercado del empleo no calificado), sin lo cual no encontrará quien lo acepte. [...] Ese proyecto exige no la destrucción del Estado como tal para sustituirlo por una especia de Edén Liberal del mercado universal, sino el reemplazo del Estado providencia «maternalista» por un Estado punitivo «paternalista», único capaz de imponer el trabajo asalariado desocializado como norma societal y base del nuevo orden de clases polarizado.”

Wacquant, Las cárceles de la miseria. Bs. As., Manantial, 2000. pp. 44-5.

Aníbal Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se peleaban ante las cámaras para ver quién daba la noticia con peor cara de malo. La noticia era la confirmación de que las políticas sociales de todo el país deben estar lo más lejos posible de la idea de derecho. Cuando tenían que competir entre sí, estados de bienestar y capitalismos de estado coincidían en los derechos entendidos como universales (entitlement). Las políticas neoliberales, al contrario, impusieron (imponen) la idea de que los derechos sociales no existen (pese a que a veces los declamen ciertos “neoliberales críticos”). Y aún sin que esto signifique necesariamente una cuestión de escasez de recursos fiscales: lo que da el estado tiene que tener contrapartida. El que invoque la existencia de un derecho podrá acceder a algún tipo de ayuda (no al derecho –por eso se impuso el plan social entendido como algo con “beneficiarios”) pero para ello deberá demostrar ser ciudadano modelo, aceptar que si no consigue trabajo es por causas individuales, reconocer que sus posibilidades de acceso al mercado inmobiliario son exclusiva responsabilidad suya.

Macrismo y kirchnerismo coincidieron en que la toma de un predio público o privado es una de las líneas que delimita entre el delincuente y el ciudadano que podría tener la “ayuda” de algún plan social. No es extraño que quien haya puesto más énfasis en tal perspectiva es Aníbal Fernández, convertido por delegación de todo el arco político del sistema, en amedrentador de todos los pobres del país. Esa delimitación probablemente sea declarada inconstitucional en los próximos meses. Allí hay una de las razones por las que la “salida” del conflicto del Indoamericano implique un volver a empezar.

Para el kirchnerismo se trató de una nueva vuelta de tuerca del festejo del tercer año de su segundo mandato a puro cinismo. Los muertos que se cargó en los últimos dos meses (en Barracas, Formosa y Soldati, estos últimos con “festejo de los derechos humanos” incluido) con su supuesta política de “no represión”, se hacían mientras en la calle aparecían carteles de la ANSES festejando el año de existencia de la “asignación universal por hijo”. Simulacro de entitlement que dejó afuera de 5 millones de pibes pobres en Argentina. Eso sí, a diferencia de los planes sociales creados durante gobiernos que reconocían su carácter neoliberal, la política social no universal de hoy se hace en nombre de la “justicia social”.

El racismo y la xenofobia echan raíces en las políticas económicas y sociales del estado. Por más que el “progresista” bien pensante las combata discusivamente (y uno también esté obligado a ello), hay que notar que entonces es tarde. Las políticas sociales universales son una manera de combatir en la práctica el discurso racista de quienes creen que existen “regalos” para quienes no trabajan. Una asignación por hijo realmente universal sería una forma de reconocer derechos que (alcanzando aún a los hijos del más rico de los empresarios) pone en el centro del debate distributivo el lado de los ingresos (cosa que boicotean una y otra vez neoliberales). Racistas y neoliberales (incluidos los kirchneristas) siempre buscarán que la discusión quede del lado de los egresos. Los racistas y los neoliberales típicos porque podrán acusar a la ineficiencia del gasto social, al “libertinaje” que éste implicaría, y así promover una diferenciación política que aproveche el racismo del “anteúltimo escalón” de los que están jodidos-un-poquito-menos (por vía de la autodiferenciación de éstos –“los laburantes”, los “que no le piden nada a nadie”, etc. – de quien está inmediatamente abajo en la jerarquía socioeconómica. Los neoliberales “progresistas” querrán hablar de “políticas redistributivas”, en referencia a una redistribución trunca que gasta pero no confiesa de dónde saca lo que gasta.

La vivienda de los okupas de Bolívar 1 y Balcarce 50

Por el momento, la política de amedrentamiento delegada en boca de Aníbal Fernández tuvo su efecto. El estado volvió a ser estado, es decir, la instancia (no sólo lo es el sistema penal) que administra diferencialmente los ilegalismos, en especial consigo mismo. Esto quiere decir, que el estado, con su intento de delimitación acerca de quienes podrían llegar a acceder a planes sociales, vuelve a ratificar su poder de nombrar las ilegalidades de otros (las tomas de tierras), para poder autoabsolverse de sus propios incumplimientos legales.

Son los incumplimientos del estado los que generan que haya en la Ciudad de Buenos Aires 500.000 personas en situación de emergencia habitacional. Pero para el funcionario que incumpla la ley no hay amenaza de retiro de planes sociales que pueda amedrentarlo. La ley es despareja, pero también son desparejas las posibilidades de extorsión en función de los recursos que tiene cada individuo para sobrellevar una eventual concreción de la extorsión.

Cuando la toma no es la oportunidad de un nuevo negocio inmobiliario irregular, sino un reclamo social que pone al estado como acusado (como la mayoría de las veces), es cuando los gobernantes (o personeros como Sergio Schoklender) salen a denunciar mafias, “activistas”, narcotraficantes e inmigrantes ilegales. El gobierno es el poder de tapar las ilegalidades propias con las de otro. La diferencia es que una toma puede conseguir que el estado respete su propia ley. El ilegalismo de la toma hace perder unos metros cuadrados. Los incumplimientos del estado implican el ataque a las condiciones de vida de millones.

Hoy macristas y kirchneristas anuncian un plan de vivienda. Sin plazos, sin objetivos, sin entidad. Mientras, kirchneristas de todas las provincias, seguirán desalojando tierras comunales de pueblos originarios para que su “odiado” sector agropecuario siga plantando soja. Mientras, todo el espectro político de Capital Federal seguirá apañando el mercado inmobiliario irregular. Permitiendo que haya alquileres leoninos dentro de las villas en crecimiento. Permitiendo que haya hoteles donde “encargados” cobren por alquileres de piezas aún sin que esté clara su (sacrosanta) propiedad privada del inmueble. Permitirán también que el mercado inmobiliario sea un cruel refugio financiero de atesoramiento tirando para arriba los precios de las propiedades y haciendo incluso más difícil alquilar un departamento (e indirectamente impulsando hacia arriba los alquileres en las villas).

La situación del mercado inmobiliario en todo el país (de la tierra urbana, pero también con la presión ejercida por la expansión de la frontera agrícola) hará cada vez más penosa la emergencia habitacional. Los planes que hoy anuncian llegan tarde no al 2010, sino al 2002. La devaluación fue (pese a toda la propaganda a favor que tuvo) un elemento crucial (junto con la tasa de interés real negativa) para hacer más difícil el acceso a la vivienda. Entre el 2002 y 2010 prácticamente no se quiso reconocer esas consecuencias de la política económica. Kirchneristas y macristas dieron respuestas basadas en la fe en el mercado. Los kirchneristas ofrecieron en algún momento créditos “al precio de un alquiler” que fue descartado por el propio mercado. Macristas ofrecieron (más recientemente) la idea de la titulación en las villas como mecanismo para que éstas desaparecieran por la acción benevolente de la oferta y la demanda. Una década apostando al mercado genera estas consecuencias.

Tibiamente, en los anuncios de los últimos días se deslizaba la idea de que la política de vivienda debía incluir también algún tipo de consideración para que la clase media pudiera acceder a la vivienda propia. Pero la mano cómplice del estado con un mercado inmobiliario (regular e irregular) expulsivo vuelve a invocar supuestas ilegalidades ajenas para posponer el cumplimiento de sus obligaciones. La combinación de la situación de ese mercado inmobiliario con unos siempre postergados planes de vivienda social hará que el amedrentamiento de Fernández tenga corta vida. Este gobierno nacional tiene planes vertiginosos como el plan de créditos “al precio de un alquiler”, la tarjeta SUBE y tantos otros. Se trata de las versiones “nacionales y populares” de la limpieza del riachuelo en 1.000 días de María Julia Alzogaray. Mientras, se seguirá confiando en el mercado inmobiliario como un correcto asignador de recursos. Y más emergencia habitacional traerá nuevos reclamos. Y la ocupación se demostrará como método de marcarle al estado sus nuevos incumplimientos. Y entonces se tratará de volver a empezar.