Notas para un análisis relacional del éxito del 7D

Alejandro Blancovsky

I. ¿Qué fue, es y probablemente será la ley de medios?

I.1. La llamada ley de medios (según el discurso que dice que va “contra” los multimedios y, por tanto, no sólo por la regulación del espectro radioeléctrico o de los medios audiovisuales) no cambia meramente lo que es por la debida o indebida “aplicación”. Recuerdo cuando se decía en los noventa que la Ley Federal de Educación era buena pero fue “mal aplicada” (a fin de cuentas, era la primera ley general de educación “de la democracia”[1]). Y, no obstante, quienes utilizan semejante simplismo se encuentran entre los analistas más lúcidos del presente. Y, sin embargo, no se trata de un detalle. En aquella década, el mismo simplismo lo hacía un sector bien mediocre de los intelectuales. ¿Progreso decían? El debate actual no hace más que reproducir la confusión acerca de cuál es la situación que merece debatirse: ¿situación de derecho o de hecho?[2]

I.2. Tres dimensiones de análisis podían utilizarse en su momento para juzgar la ley: la regulatoria, la económica y la simbólico-política. Por supuesto que son dimensiones intricadas que sólo podemos llamar así según cuál fuera el énfasis del análisis. No cabe duda que predominó la dimensión regulatoria. Lo económico sirvió sólo para hacer una alusión que hacía de unos “intereses económicos” la justificación llana de determinadas cláusulas en el análisis de la dimensión regulatoria. Poco lugar mereció la cuestión de la viabilidad económica (incluso podría haberse hecho una lectura económica de la cláusula más democrática de la ley, la de la reserva del 33% para organizaciones sin fines de lucro: ante todo un sistema de comunicación que opera como tal cerca de la rentabilidad nula y con dependencia brutal de la pauta gubernamental, ¿la consigna de los “tres tercios” no podría ser un blanqueo de quela comunicación audiovisual necesita ser “abaratada”?). Si la cuestión de la viabilidad económica mereció poco lugar (y, en general, fue cierto liberalismo –y el Grupo Clarín– el que le dio –sesgadamente– más importancia), nulo lugar tuvo en cambio la relación entre la ley y la lógica general de concentración, centralización y extranjerización de la economía. La ley de medios también está aquí plenamente vigente: poco se habla de que la economía argentina se siguió concentrando, centralizando y extranjerizando. Y, no casualmente, el proceso vale también para los multimedios.

I.3. La ley de servicios de comunicación audiovisual no es una ley de regulación del espectro radioeléctrico, fue y es una ley de ordenamiento del espectro político. Y en tanto tal, obviamente, no requirió de ninguna definición judicial para comenzar a aplicarse, se empezó a aplicar incluso desde antes de ser sancionada.

I.4. Entender la ley en clave regulatoria sugirió obvias malas lecturas. Por ejemplo quienes decían que era una ley demasiado “académica”, desvinculada del “mundo real”. Leer la ley como una ley de regulación del espectro radioeléctrico ‘mereció’ tal crítica. Y vale decir que se trataba de algo muy diferente. La ley pareció tener como inspiración intelectual no a “especialistas” de la Academia sino a un instructor de Seminario, el Padre Grassi, quien aportó su conocido lema “es todo una mentira de Clarín”. Cuando a principios del año pasado se hablaba menos de la ley, hubo una significativa muestra de su vigencia que nos llegó de Catamarca. El PJ volvía a ganar una elección a gobernador luego de 20 años y la gobernadora apenas resultó electa decía: “Es todo una fábula. Creo que ha sido la primera acción mediática [?!] que se llevó a cabo en la República Argentina.” Se intentó una aplicación retrospectiva de la ley de medios para el caso María Soledad Morales, es decir, no una crítica a los medios masivos (en la línea en que la izquierda lo ha hecho históricamente), sino una escenificación con el molde que hoy utiliza el partido específico del orden por excelencia. Apareció el destituido Ramón Saadi y a los pocos días acusó las “actitudes antidemocráticas” de algunos medios de comunicación. El episodio dejaba también otra enseñanza. Si la ley de medios hubiese sido una ley de regulación del espacio radioeléctrico, poco consenso podría haber tenido dentro de los sectores más “feudales” del PJ (hubiese sido un proyecto que votara Nuevo Encuentro, pero pocos de quienes se reconocen –más honestamente– como PJ[3]). Tiene apoyo unánime dentro del partido de gobierno no porque sean “progresistas”, sino porque a todos les sirve como forma de regulación del espectro político, tanto del espectro nacional como del de su ámbito específico. Regulación que, como se ve (por ejemplo, en Catamarca), no es sólo frente a la supuesta “derecha” (en términos tanto de partidos como de empresas, periodistas e intelectuales), sino que es la potencial negación de antemano a cualquier información o crítica. ¡Grassi vuelve!

I.5. Con un espectro político así ordenado, se llega a una situación en que ya no sólo los hechos interpretados por Clarín pasan a ser susceptibles de ser refutados bajo el lema “Clarín miente”. Si el Grupo Clarín fuera tan importante (la falsa hipótesis de la simetría) sería quizás posible realizar una crítica a la política mediática del gobierno bajo la analogía con la guerra. Así, están quienes recuerdan que una vez comenzada una guerra la primera víctima es la verdad. Pero en tal crítica se sigue suponiendo que el kirchnerismo interpretaría según una lógica de la falacia ad hominem. Más allá de algunos ejemplos bien significativos (como el de Catamarca) me parece que tal lógica ya fue superada. No es que el choreo o el negociado indigno con una multinacional más verosímiles puedan ser contradichos renegando del mensajero, sino que han logrado convertir a cualquiera en un posible “operador” del mensajero. Cada marcha, cada huelga, cada toma de facultad, cada reclamo ambiental son (y serán) susceptibles de merecer la calificación “de Magnetto”. Y cada juicio “empírico” que realice cualquier particular. Y no importa si en alguna excepción llegara a ser verosímil, vale como lógica general que se impone hasta para el caso más ridículo.

I.6. Una interpretación liberal pone aquí al Grupo Clarín en un lugar más importante del que tiene (y así es en este sentido la contraparte necesaria del –también liberal– discurso kirchnerista) para defender la posibilidad de que su mensaje sea emitido. De allí se deduce que estaría en riesgo la libertad de expresión y, derivadamente, la libertad de expresión de cualquier “ciudadano” (y, por ende, se supone una amenaza a “la democracia”). Pero hay que decir que la libertad de expresión no está en juego. Saliendo del idealismo liberal para ir a ver cómo se ordena materialmente el juicio de cualquier “ciudadano” sobre la realidad política, hay que decir que se puso (ampliadamente) en entredicho una “libertad” más fundamental (que no está en juego, en el sentido de que no se trata de un potencial a futuro), una libertad que no se encuentra amparada por ninguna ley, constitución, ni tratado internacional: la de pensar. Se trata, no obstante, de algo no excepcional dentro del capitalismo. Y para defender tal libertad no hay tratados ni reglas eficientes, hay materia en una determinada situación de hecho: correlaciones de fuerza, discursos, producción científica, medios alternativos o al menos diferentes; en último término la aspiración a la contrahegemonía. En términos materiales y visto retrospectivamente, la eliminación (o suicidio) del Grupo Clarín hubiese sido un aporte a la libertad de pensamiento (y no, en contrapartida, a la “libertad de expresión”). Algo improbable, pero una hipótesis que ofrece una clave de lectura más atinada que todas las versiones idealistas que, para este tema, simplifican la relación entre enunciador, “voz” y micrófono. En una de estas versiones, tal eliminación hubiese sido una violación de la libertad de expresión (lo que abstraería del marco político en que se encuentran los condicionamientos concretos del ‘pensar’ del enunciador). Y así una voz abstracta se asimila al micrófono (o a la licencia), con independencia del enunciador. En el caso inverso (pero también idealista y liberal), tanto la voz como los enunciadores son prescindibles: los “nuevos tiempos” que llegan con “pluralidad” implican la multiplicación de las licencias, haciendo la falsa deducción de que tal multiplicación implicaría a su vez multiplicación de las voces y, lógicamente, multiplicación de los enunciadores. Y hemos visto algo muy diferente: la multiplicación de las licencias para una misma voz pronunciada por enunciadores totalmente fortuitos.

I.7. Sentirse movilizado hoy por una “democratización” de derecho y no de hecho ratifica el injusto panorama de la comunicación en Argentina. Quienes siempre nos opusimos a este panorama, pretendemos cambios de hecho, sobre todo cuando nos proponen alteraciones declaratorias: …que se modifique la constitución para agregar un artículo 14o bis-bis... Si se hubiera querido iniciar un camino de modificación de hecho (claro que no habría que haber decretado la extensión de licencias y la fusión Cablevisión-Multicanal), hubiésemos visto un conjunto de propuestas políticas más acotadas que pudieran cruzar apoyos parlamentarios diversos que rompieran con los antecedentes de las frustraciones dadas en los gobiernos de Alfonsín y De la Rúa (por tanto, un sincero reconocimiento de la dificultad del ámbito a regular). Serie de “medidas” que al precio de no poder ser símbolo de renovación, hubieran alterado la asignación de licencias con mucha menor resistencia y más rápidamente. Se optó por hacer lo contrario para ganar un símbolo de democratización que como tal no puede democratizar.

II. ¿Cómo ejerció el Grupo Clarín la crítica cómplice con la retórica enfrentada?

II.1. La lectura regulatoria sobre la ley de medios sugería la crítica obvia de la excesiva regulación estatal. Acotar los micrófonos y licencias implicaría ir en contra de (al menos) una de las voces y, por lo tanto, en contra de la libertad de expresión. Esta mala lectura colaboró con la retórica oficial, dando por cierta una aspiración regulatoria sobre el espectro radioeléctrico que no sólo es suficientemente laxa (como demostraron tanto los planes de “adecuación” de los principales multimedios como la propia invitación en clave “seductora” que la AFSCA recientemente le hizo al Grupo Clarín), sino que queda totalmente soslayada por otros mecanismos de regulación tanto del espectro político en general como de la actividad periodística en particular, mecanismos que a su vez no requerían de ninguna ley. Pero la mala lectura no puede explicarse como una limitación meramente ideológica-filosófica. El Grupo Clarín hizo una mala lectura de la situación política y de tal mala lectura derivaron errores políticos que fortalecieron la posición del kirchnerismo y, por tanto, la plena vigencia de la ley de medios, con su ordenamiento político y con su consagración de los testaferros.

II.2. El Grupo Clarín parece partir del diagnóstico de la debilidad del gobierno (2008-2009), construyendo una estrategia única a partir de un mismo diagnóstico que cambia apenas en sus ejemplificaciones. Así, se pasaría del gobierno “distanciado de la sociedad” que pierde las elecciones legislativas a un gobierno que hoy clamaría el “vamos por todo” encerrado en sí mismo y, por lo tanto, todavía –o más aún– “distanciado de la sociedad”. La debilidad supuesta sugería la crítica débil, formal. Así (y bajo inspiración de su mejor período, es decir de cuando Clarín fue opositor al final del gobierno de Menem), pretendió que a un gobierno en situación de debilidad “le empiezan a entrar las balas” y la población comienza considerar importantes su corrupción y su falta de respeto a “las instituciones”.

II.3. Pero vale recordar que todo peronista tiene en su repertorio de trucos el viejo lema “nunca entendieron al peronismo” (truco que hoy “importaron” –¿paradójicamente?– hasta los codovillistas). No importa si el tema en discusión es la relación de Perón con el terrorismo paraestatal, siempre hay un momento en que sale ese “nunca entendieron” que jamás debe leerse literalmente. No es un juicio de hecho, sino que es un veredicto de impunidad por adelantado que justifica, además, que no rija ninguna de las categorías analíticas válidas para todo el resto del planeta. Y sin embargo, parece que sí se aplica a la lectura supuesta en la estrategia del Grupo Clarín. La aspiración a que “le entren las balas” se hacía con posterioridad a que el kirchnerismo blanqueara su peronismo, algo que antes había disimulado bajo la pátina coyuntural de la “transversalidad”.[4] La mala lectura política tiene como una de sus claves no comprender que a un gobierno peronista no se lo puede atacar por su “falta de apego a las instituciones” si no es más que para que tal ataque sea totalmente irrelevante. Se marca también aquí el carácter excepcional del gobierno de Menem que en el momento histórico que le tocó no supo echar mano a aquellas impunidades con las que comenzáramos el párrafo (o sólo lo logró por poco tiempo). Los mismos menemistas hoy sí pueden hacerlo. Y la mala lectura institucionalista y liberal se reprodujo por buena parte del espectro político. No es que Clarín “bajara línea” o que los partidos de “oposición” fueran meros voceros de Magnetto: no compartían necesariamente un interés unívoco, sino que compartían errores derivados de haber leído mal la historia argentina (incluso la de los noventa). Bien marca que no hubo “bajada de línea” en el sentido indicado el hecho de que tal error de lectura de buena parte de la oposición (salvo Carrió, más “lenta”) era previo al error del Grupo Clarín que llegaría recién a partir de 2008.

II.4. El escenario que maneja el oficialismo contó entonces con el apoyo de quienes criticaban al gobierno por “regulador”, es decir por eso que tanto le sirve para presentarse ante la población como diferente de todas las experiencias políticas recientes. Si el precio a pagar por la “regulación” y por unas mínimas ansias de transformación está en la falta de apego a las “instituciones” y en algo de corrupción, la población argentina enfrenta el dilema “eligiendo” (aunque no necesariamente es una excepción, como sí lo son las tradiciones políticas que sustentan ciertas impunidades). El error no está en cómo se posicione cada uno frente al dilema, sino en el planteo (aunque fuera implícito) de que podamos estar frente a dilema alguno. En este sentido, la ley de medios se desmiente a sí misma como ley “progresista” y “de la democracia” pero que no sería de un gobierno específico. Las críticas a su carácter “regulador” no la recortaban respecto del resto de las políticas oficiales, es decir, de cómo se leen mal el resto de las políticas oficiales. Así, se genera un reforzamiento mutuo de malas lecturas sobre temáticas diversas (por ejemplo, bajo la idea de “chavización”) que, en el caso del Grupo Clarín, tiene además el agregado de “prestigio” de poder posicionarse como “víctima” concreta de la regulación.

II.5. La lectura liberal juega mal el juego de la confusión entre el actor político y el actor económico, aplastados ambos bajo el amparo único de la libertad de expresión. El kirchnerismo jugó bien la carta de esta confusión ajena mezclando al Grupo Clarín como conglomerado de intereses económicos con su rol como actor político de importancia. Y a la vez jugó mal la carta de la confusión propia, aún cuando esté visto que sus propias confusiones conceptuales suelen jugar a su favor. Más bien, apelando a la confusión se confundió a sí mismo reduciendo el rol político del Grupo Clarín al de ser mero representante político de sus propios intereses económicos, con todo el economicismo que esto conlleva.

II.6. En contrapartida, el Grupo Clarín jugó mal porque no puso su rol como actor político por encima de su defensa como mera persona jurídica empresarial que discute la regulación de su ámbito de actividad. Salió atacando políticamente bajo una estrategia empresarial, cuando debía haber actuado políticamente incluso para proteger sus intereses empresariales.

II.7. Para colmo, la crítica institucionalista pareció tener más sustento en las últimas semanas a raíz de que las presiones sobre el poder judicial han sido cuestionadas incluso por algunos que habían apoyado la sanción de la ley. Se dan todas las apariencias de una trampa histórica según la cual se marcaría como correcto el camino transitado por el Grupo Clarín como crítica a la regulación. Pero trampa al fin, en tanto se la entendería en función de un diagnóstico que mide mal las fuerzas de cada uno. En otros lugares, hemos hablado de que medir quién de los dos es más poderoso no es algo que puede medirse en función de páginas, periodistas y recursos económicos.[5] Cabe agregar aquí que es el planteo de la situación el que muestra la existencia de asimetrías de poder. Si el Grupo Clarín gana judicialmente, el kirchnerismo gana mantener el enemigo destituyente que quiere mantenerse “fuera de la ley”. Si el gobierno gana judicialmente, querrá convertir ese cambio de escenario político (que, comparativamente, no le conviene) en un triunfo suyo (“de la democracia”) sobre las corporaciones (sabiendo, además, que vendrán más años de judicialización del proceso de adecuación “de oficio”). Se trata para el gobierno de una situación en donde gana de todas formas y por tanto la asimetría de poder no está en el enfrentamiento mismo (aunque lo hayamos presentado como una asimetría de raíz meramente “lógica”) sino (por ahora) en la capacidad que tendrá para imponer en la subjetividad de millones de personas su interpretación sobre una futura resolución judicial “definitiva”.

II.8. Si se hubiera partido de otro diagnóstico o hubiera sabido corregirlo a tiempo, quizás el Grupo Clarín hubiese podido llegar al “día del testaferro” en condiciones tales que pudieran hacer jugar la laxitud de la regulación a su favor. Lo cual es importante no porque quisiéramos que el Grupo Clarín defienda mejor sus intereses económicos o porque su “adecuación” nos afecte en términos de ciudadanos que sufrimos el riesgo en que se encuentra la “libertad de expresión”, sino porque el juego al que se ha prestado ratificó todo el ordenamiento político implicado en la ley de medios y, por tanto, nos subordinó a nosotros, no a batallas ajenas (y también en este sentido es limitada la idea de lucha interburguesa) sino que nos subordinó (I.5) a quienes no estamos posicionados dentro del espectro “ordenable” para que quedemos a los ojos de terceros dentro del espectro siempre-ya ordenado.

II.9. Habíamos hablado de la hipótesis de eliminación o suicidio del Grupo Clarín. Una estrategia “correcta” tendría que haber partido de reconocerse a sí mismos como actor político. Podríamos plantear aquí una hipótesis superadora de las mencionadas, la del “suicidio simulado”. Deberían haber reconocido su debilidad frente al gobierno, hacerse kirchneristas por unos meses (reproduciendo notas de 2003-2007), “adecuarse” en los laxos términos vigentes y ahorrarnos a todos (pero sobre todo al gobierno, es decir, a quien se hubiera debilitado por el lujo de tal ahorro) tres años de falso debate supuestamente democrático. Reconocer la naturaleza de la ley de medios como ley de ordenamiento del espectro político para negarla como tal tenía el costo de la “desinversión” por vía de los testaferros, pero el gran beneficio de poder debilitar al gobierno no por vía del ataque y el “desánimo”, sino por vía de pegarse a él y, por tanto, sacarle una de las claves publicitarias que le fue más beneficiosa. Aquí es más claro todavía que no nos importa por Clarín, sino que constituía (hubiese constituido) una ventaja para cualquier otro actor político (más allá de las ideologías) que podría haber actuado en un escenario “menos ordenado”. De hecho, la etapa más débil del kirchnerismo (contra todas las apariencias superficiales –y bastante efímeras– de lock-outs y cacerolazos) ha sido (hasta ahora) la etapa inicial, es decir la desordenada etapa que se corresponde con el apoyo pleno obtenido de Clarín.

III. ¿Qué fue el 7D político?

III.1. Los hechos de preparación del 7D (que, como se sugiere desde el título, para nosotros sí existió y fue efectivo) excederían este pequeño artículo. Nos concentraremos en algunos de hechos recientes que podrían ser divididos en dos categorías: las acciones que realizó el gobierno ante los grupos económicos y las acciones que realizó ante el poder judicial.

III.2. En primer lugar allanó el camino político para sea políticamente aceptable el día del testaferro. Flexibilizó lo más que pudo una ley laxa con los multimedios y pagó el precio que suponía pagable políticamente de la vergonzosa aceptación de los testaferros, adelantos de herencias y divisiones ilusorias de empresas (como la que decretó que Telefónica de Argentina no es lo mismo que Telefónica de España). El 7D sirvió para realizar ese trabajo político aún cuando se postergue su consagración en términos administrativos. El único error fue exagerar un poco (¿sobreactuar?) con la épica del día refundacional (épica otra vez, pero, ¿por qué la experiencia les habría de recomendar “ser menos épicos”?). La épica en un escenario en donde el Grupo Clarín “no se adecúa” tenía un fin pragmático: el testaferro menos disfrazado es aceptable en aras de la “democratización por venir”. Más aún, la resistencia judicial del Grupo Clarín facilitó políticamente (lo que no necesariamente implica que convalidó) el tipo de “desinversión” que kirchnerismo planeó para el 7D. En líneas generales (más allá de las exageraciones), no hubo aquí error y esto sí es noticia para un gobierno que se caracteriza por ser sumamente errático.

III.3. Cuando fue bosquejado el trabajo de aceptación de testaferros, se dedicó a provocar al poder judicial a los fines de obtener una cautelar que vuelva a retrasar la “desinversión” del Grupo Clarín. En este momento ya no se trataba de las operaciones de meses pasados en el Consejo de la Magistratura: se necesitaban acciones más rápidas y menos específicas (no ya contra “los jueces de Clarín”, sino contra todos los jueces o contra la cúspide, la Corte Suprema). Primero se salió a atacar el Poder Judicial y a la Corte desde la presidencia (los “caranchos”) y luego el titular de la ANSES salió a declararse en rebeldía contra la propia Corte. Más cerca de la “fecha clave” se vino la catarata final de provocaciones, entre las que se destacaban la acusación directa del diputado Kunkel sobre un potencial golpe de estado orquestado por la Corte Suprema y las declaraciones del ministro Alak sobre el alzamiento judicial. Todo parece suponer que querían un fallo “adverso”.

III.4. La postergación de la “desinversión” no tiene nada de adverso en la medida en que permita culpar a Clarín de cualquier resistencia de la realidad respecto de lo que el gobierno dice que ella es. Es decir, no es la postergación de la “desinversión” de los amigos la que se busca (allí sí puede haber habido error, en tanto conviene al gobierno acercar temporalmente el 7D político –el blanqueo de la falsa desinversión– con el 7D administrativo –la aceptación formal de unas “desinversiones” para las cuales ya se pagó el costo político), bajo el argumento de no debilitar a los competidores del Grupo Clarín (eso supondría creer que creen en la autonomía política y económica de Barbarita Vila). La postergación de la “desinversión” no retrasa la aplicación de la ley de medios sino que hace perdurar su plena vigencia como ley de ordenamiento del espectro político. Esta ley, como tal, necesita del todopoderoso grupo que por el hecho de resistir a la regulación del espectro radioeléctrico ratifica un grado de eficacia del ordenamiento político que no podría tener luego de que se declare la llegada de un nuevo tiempo de “diversidad de voces”. (Aquí se ve que pese a lo conservadora que es en cuanto a límites a la concentración y centralización, se trata de una ley plenamente “progresista”: promete un futuro imposibilitando evaluar el recorrido realizado; en términos sartreanos su esencia precede a su existencia de forma tal que su existencia no existe.) Disminuir la sustancia del Grupo Clarín como enunciador (lo que tendrá la ventaja de dejar totalmente aparte su poder como trasmisor de contenidos ajenos, es decir, como participante del negocio de la televisión paga, único ámbito de discusión económicamente relevante y único donde algún día podría llegar a haber novedades) amplificaría la naturaleza de una ley que se desmiente a sí misma cada vez que cumple sus objetivos. En el mejor de los casos (algo que difícilmente lleguemos a ver durante el presente período presidencial), su naturaleza de ley de ordenamiento del espectro político podría llegar a dejarse de lado en aras de sus objetivos explícitos de ley de regulación del espectro radioeléctrico y cuando ello ocurra saltará a la vista lo conservadora que fue como forma de acotar a los grandes licenciatarios privados.

IV. ¿Qué no fue el 7D administrativo?

IV.1. Hemos hablado de las acciones de preparación del 7D político. Dijimos que son divisibles entre las acciones que realizó el gobierno ante los grupos económicos y las acciones que realizó ante el poder judicial (III.1). Sería erróneo agregar como una categoría adicional la de las acciones realizadas ante la “opinión pública”, en la medida en que todas las fueron (las son). Sí, en cambio, podría hablarse de las acciones ante la “opinión pública” que a su vez no están dentro de aquellas dos categorías; que no son acciones ante los grupos mediáticos o ante el poder judicial y son, por tanto, la retórica que parece no tener un objetivo concreto por fuera de lo publicitario. Y aquí entran muchas acciones que parecieron centrarse en la cuestión judicial.

IV.2. En rigor, la distinción es tenue. Este grupo de acciones se caracterizó por mostrar al poder ejecutivo hiperactivo para ser la contraparte necesaria del Grupo Clarín que sería el bando que abusa de las medidas dilatorias. Si bien es cierto que tal grupo fue el que inició la estrategia de la dilación, todo pareciera indicar que el gobierno aquí sí “dobló la apuesta” apropiándose de tal estrategia. Y la mejor manera para ser dilatorio es mostrarse justamente apresurado. Buena parte de las medidas en o hacia el poder judicial carecían de sentido procesal o político alguno que no fuera el de “ganar tiempo”. Así, llevaron una discusión al Consejo de la Magistratura en la cual ya sabían que no podían lograr los dos tercios de los votos, pero así todo lo intentaron, generaron “conferencias de prensa” y lograron perder varios días. Así, se perdieron días legislativos para una innecesaria ley del per saltum que, aún cuando no hiciera uso de días laborales del poder judicial, no podía sino generar que la instancia judicial correspondiente espere (al menos) que transcurra el tratamiento en el congreso. Así, forzaron perder aunque sea un día de la Corte Suprema para rechazar un pedido de per saltum que no saltaba ninguna instancia. Son todas medidas dilatorias minúsculas en cuanto a su efecto calendario, pero tienen como gran ventaja sobre las grandes estrategias dilatorias la de poder mostrarse como lo contrario, ratificando así su apariencia de funcionarios hiperactivos. No podemos saber cómo se construirán las medidas dilatorias que vendrán (quizás ya han planteado un escenario en que dejen de ser necesarias), en tanto la mayoría de las que nombramos fueron concebidas para un momento muy específico delimitado entre el establecimiento de la “fecha clave” (decretado en septiembre) y el 7D al que se requería llegar con una nueva cautelar, una vez imposibilitada y vaciada de importancia la sentencia de fondo de primera instancia. No podemos prever en tanto esas “pequeñas medidas” en lo que refiere a su “efecto cronológico” estaban pensadas para una escala temporal de unas pocas semanas y eran, por tanto, suficientes a su objetivo.

IV.3. Decíamos que era difícil hacer la distinción de todas estas acciones de gobierno. Sería más clara tal vez una distinción entre las medidas dilatorias orientadas a la percepción de la “opinión pública” y las medidas “provocatorias” orientadas concretamente hacia el poder judicial. Unas buscaban postergar la plena vigencia de la ley de medios como ley de ordenamiento del espectro político, mientras que las otras buscaban “pinchar” al poder judicial (como dijimos, no de forma específica; III.3) para lograr fallos dilatorios o “adversos”. Pero, de nuevo, aquí las cosas se entremezclan. Tanto la “opinión pública” como el poder judicial podrían leer las acciones de objetivos diferentes aplanándolas como un “ataque al poder judicial”. Sin embargo, solamente al distinguir los objetivos de cada acción ante el poder judicial realizada por alguno de los otros dos poderes puede verse si se trata de un “ataque” abstracto a las instituciones o de otra cosa. Por ejemplo, la ley del per saltum puede ser leída como una pérdida de tiempo y un gesto publicitario totalmente desvinculado de una utilidad concreta para acelerar la causa (la Corte Suprema ha dado sobradas muestras de que podría llegar aceptar su intervención previa –sin necesidad de ninguna ley– en caso de que no se la convierta justamente de forma desembozada en socia de un trámite que no pase por las tres instancias) o como un ataque más del “autoritarismo” del “vamos por todo”. Si se elije la segunda lectura no estaremos más que reproduciendo la lectura sobre el “exceso de regulación” (II.1) que estaba en la base del error de lectura política que comentáramos, error del Grupo Clarín, pero también (previamente) de otros.

IV.4. Un ejemplo apenas apartado del tema. Cuando se dio el cuestionamiento a la legitimidad de Leandro Despouy como auditor general ocurrió de forma prácticamente simultánea con el conflicto del Consejo de la Magistratura a propósito del concurso para el fuero comercial y civil. La falsa consigna del “vamos por todo” generó la correspondiente falsa lectura de la oposición de que efectivamente “van por todo” (otro ejemplo del hecho notable de que es la oposición la que más cree en la mentirosa publicidad oficial[6]). Y así la oposición salió en “defensa de las instituciones” en todos lados, haciendo de tal defensa más abstracta y, por tanto, más irrelevante su discurso político. Lo mismo que con muchas de las medidas que comentáramos (las no “provocatorias”), la oposición no se puso a pensar si el ataque institucional específico (me refiero al caso del auditor) tenía alguna posibilidad de prosperar (con el tiempo se vio que tampoco podía prosperar el “ataque” en el Consejo de la Magistratura). Hay aquí algo más que un problema ideológico (el institucionalismo como parámetro de acción política), se trata de un problema económico, de una economía política de fuerzas. Solamente aquí cabría recomendarles a tales opositores que asuman una economía tradicional, que aprendan algo de aquello de los “recursos escasos” y de la relación costo-beneficio. Su nula incidencia (los escasos recursos) se utilizó para que se amplifique mediáticamente la formalidad de su existencia como alternativa de gobierno, al tiempo que se ratifica discursivamente (monótonamente) que sí “van por todo” y, por tanto, que estamos ante una experiencia política distintiva (II.4).

IV.5. El error de lectura del Grupo Clarín que comentáramos (II.2) a propósito de la debilidad del gobierno tiene su necesaria contraparte en el mismo error con la misma lectura pero diagnosticando una “fortaleza” que no haría sino abolir la división de poderes. En un momento la democracia estaba en riesgo a causa de la carencia de “libertad de expresión”, ahora a causa de carencia de división de poderes. Nuevamente la crítica débil, formal, que evita cualquier sustancia de debate susceptible ser movilizante con cierta sistematicidad (y por ello no es del todo ridícula la minimización hecha desde el oficialismo a los cacerolazos). Y todo lo dicho vale solamente para un nivel de análisis de la “república” en abstracto. Cuando se conecta la lectura de la situación de “la república” con el objeto supuestamente en disputa (la centralización mediática), se nos vuelve a plantear el dilema entre el respeto a la formalidad o la mínima voluntad de de transformación de algo.

IV.6. Por todo lo dicho, cualquier especulación sobre el futuro de la ley de medios no puede partir del mencionado achatamiento de las acciones gubernamentales como “medidas” sin más objetivo que imponer su voluntad (a la que “van…”), dado que eso supone que su voluntad se deriva con sus objetivos declarados (Sarlo); es decir, antes que nada hay que ver si tal voluntad no es justamente la de que se haga la voluntad de un tercero (por caso, del Grupo Clarín). Se ha visto en las últimas semanas cómo su voluntad de imponérsele a quien poco prestigio tenía para resistir políticamente (la Sala I de la cámara civil y comercial) ha virado a un “voluntad” de imponérsele a quién sí tiene prestigio para resistir y (además) tiene la última palabra, la Corte Suprema. Aquí han predominado las acciones que entran en la categoría de las que llamamos “provocatorias”, incluso considerando aquellas que atañen al proceso judicial sin ser necesariamente “ataques” directos a la Corte (que también hubo).

IV.7. Si como algunos sospechan entre la Corte Suprema predominan los kirchneristas, es de esperar que hagan exactamente lo mismo que el gobierno: que emitan fallos que expliciten la necesidad de la premura de otros al tiempo que no ejerzan la premura que predican. Si el trámite del expediente lo permitiera, habría que esperar que la cautelar se extienda hasta el 2015, para así culpar de todos los males habidos y por haber al grupo que no se quiere adecuar a la ley (y a la “democracia”). Como dijimos, eso sí sería “aplicar la ley”. Si el trámite no lo permitiera quedará como as en la manga (como se vislumbra con cada vez mayor claridad) esperar que se estire la posterior judicialización de una “desinversión” “de oficio” que necesariamente deberá ser desprolija. Las dudas más recientes están en la posibilidad de que el kirchnerismo esté allí en minoría, sobre todo a partir de que este último ha hecho desembozada campaña negativa de sí mismo hacia dentro de la corte. Quizás así (por vía de una rápida declaración de constitucionalidad de la ley), con suerte, se llegue de una vez por todas a hacer público que aquí (con estos actores y con esta correlación de fuerzas) no hubo ni podía haber “diversidad” ni “multiplicación de las voces”.

[1] En rigor era la primera ley general. Muchos de los que contestaban a la demanda de derogación replicaban “¿qué quieren, volver a la ley 1420?”, en referencia a aquella ley de 1884 acotada a la educación primaria de Capital Federal y territorios nacionales. Valga la mención cuando florecen este tipo de contraargumentaciones (la “ley de la dictadura”) que diversifican la desinformación.

[2] El caso de las leyes educativas en función de las concepciones de “ejecución mecánica” de la normativa es tratado con cierto detalle en A. Blancovsky, «Sobre la “cosa” ley», Guerra de tizas, invierno-primavera de 2008.

[3] Y sin embargo, junto con la coparticipación del “fondo sojero”, se trató de una de las dos “medidas” más importantes post-125 para reordenar el partido específico del orden.

[4] Este blanqueo lo tratamos varias veces. En especial en «Planes para que no haya planes: viaje por la cartografía política kirchnerista», septiembre de 2012.

[5] «El tercio», julio de 2011; «Planes para que no haya planes: viaje por la cartografía política kirchnerista», septiembre de 2012.

[6] La forma “culta” de la mala lectura se expresó recientemente en una pésima nota de Beatriz Sarlo: “Hay que tomarse en serio el «vamos por todo». No es un relato, es una explícita declaración de intenciones [claro, como la de la “democratización”...]. No es un subterfugio narrativo para engañar a partidarios ni a enemigos. Es algo que la Presidenta y sus leales desean y creen que puede obtenerse.” «Teoría y práctica cristinista del “vamos por todo”», La Nación, Suplemento Enfoques, 16/12/12.