Bluff de reforma judicial y nostalgia del 7D

Alejandro Blancovsky

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Tanto ha vuelto la política (de ellos) que siquiera se conforma con “volver” con algún plan. Se presenta desdoblada, por duplicado. No son dos caras de ese duro rostro que nos muestra constantemente un gesto de burla. No son matices de un supuesto proyecto político. Se trata de dos planes para facilitarnos las cosas, para acomodar nuestras percepciones.

Cuando el Plan B, de tanto sugerir que se incendiaba la provincia de Buenos Aires (y, derivadamente, el país) nos estaba aburriendo, la “naturaleza” fue una buena excusa para hacer de nuevo el consabido cambio de planes.[1] El 2 de abril se consumó la voltereta. Mientras estábamos sacando conclusiones de aquellas desmovilizantes semanas a puro Plan B (con Scioli como protagonista y supuesta víctima), volvió aquello que un gobierno asesino sabe sobrellevar tan bien: la muerte.[2] Los muertos que se llevó el crimen social perpetrado en la Ciudad de Buenos Aires dieron paso rápidamente al Plan Ahh, aquel que tanto “politiza”. El “vago” de vacaciones había dejado su tendal de muertos y había que hacerle una justa crucifixión que lo volviera a reforzar en el deseado lugar de “jefe de la oposición”. Los muertos de Capital Federal esperanzaban a Scioli con un respiro. Tenía razón.

Hay que notar que entre el tendal porteño y la difusión de la masacre platense no hubo un giro de “estrategia” política. Apenas algún giro discursivo (increíblemente, fue Luis D'Elía el único que tuvo la dignidad de blanquear tal giro discursivo). El respiro de Scioli, iniciado como efecto de los hechos ocurridos en territorio porteño no concluía con el desastre platense; al contrario, se reafirmaba (aquí hubo profundización). La inmediata presentación de los proyectos de reforma judicial (8/4) terminó por saldar el giro comenzado aquel 2 de abril. Y no obstante hay que decir que el giro ya estaba planificado por el gobierno central con anterioridad: en algún momento había que darlo. Sólo necesitaban acomodar los tiempos político-mediáticos con los tiempos de las paritarias. Tiempos político-mediáticos que incluían la manifestación del 18 de abril (fechada con mucha anticipación) y tiempos de las paritarias que giran y girarán no ya alrededor del siempre aludido “techo” formal, sino en torno a techos prácticos que se fijan en ejemplificadores conflictos gremiales concretos (por ahora, esta referencia se sigue buscando a través de quebrar la lucha docente bonaerense –lo que no quiere decir quebrar a su dirigencia, la cual se define por desconocer el verdadero objeto de conflicto; tal desconocimiento es lo que “dirigen”).

I

¿Qué se hace con una “corporación judicial”? No me voy a meter aquí a mensurar cuán “corporativo” es el poder judicial, dado que constituye una total pérdida de tiempo. Lo que vale es tratar de entender la lógica política de un eventual conflicto. Y tratar de entender en términos relacionales, es decir en términos que implican lo contrario a entender en términos binarios. Abusaremos, entonces, de las comillas.

¿Qué se hace con tal “corpo”? Pensando en ejemplos de otras latitudes vinieron a mi memoria algunas actitudes de un extraordinario jefe político, continuamente perseguido por fiscales y jueces no sólo de su país, sino sobre todo (para colmo de males) de su propia ciudad. Jefe de gobierno por un mandato quinquenal y dos períodos parciales de algunos meses, etapas todas en las que se vio envuelto en severas disputas con jueces que amenazaban con acorralarlo a través de causas de corrupción e ilegalismos varios. Siempre devolvió los ataques, resistió judicial y políticamente, pero sólo pudo realizar una parte mínima de las reformas judiciales que tenía previstas para que la “corporación judicial” le deje gobernar en paz. Y aún hoy sigue siendo la principal figura política de su país.

Cuán corporativo era el Poder Judicial italiano es algo que no viene a cuanto aquí (dijimos que no vale el tiempo siquiera para el caso de nuestro país). Vale una dinámica de funcionamiento político. Silvio Berlusconi atacaba a una “corporación” infectada por quienes llamaba “togas rojas”, es decir jueces “comunistas” que conspiraban junto con los partidos de la “centroizquierda” italiana en un “plan desestabilizador” para terminar con un gobierno sustentado en la “mayoría”. De nuevo la pregunta, ¿qué se hace con una “corporación” así? Una primera distinción podría remarcar la diferencia entre quienes “conspiran” a causa de su ideología supuesta (los “togas rojas”) y quienes “conspiran” por una mera defensa de intereses de cuerpo. Así vistas las cosas se podría decir que unos lo hacen por “ideales” y otros por cuestiones más pedestres y menos loables. No obstante, el amigo Silvio no estaría de acuerdo, pues no hay nada menos loable que ser “rojo” (bueno, aquí Cristina de Kirchner no está tampoco en desacuerdo). Un politólogo “progre” abusando de su cultura y de su “finura” de análisis político podría decir que se ve la diferencia entre un ataque al poder judicial del otro en que uno lo hace “por derecha” (versus los “comunistas”) y otro lo hace “por izquierda” (versus los “corporativos”). Un politólogo “liberal” o “progreliberal” asimilará tales ataques (“antirrepublicanos”) en tanto “populismos” (de “derecha” o de “izquierda”). Estas etiquetas que marcan “esencias” (Althusser diría aquí que exteriorizan su “pereza intelectual”) omiten justamente lo esencial. Un conflicto de poder (y no –en este nivel de análisis– “de poderes”) se vale de distintas estrategias argumentativas. Aunque parezca más simple su estrategia publicitaria, Berlusconi entendía que tales “togas rojas” se agazapaban en sus “privilegios corporativos” para una suerte de “guerra de trincheras”. Cristina de Kirchner sugiere (aunque sin ser explícita) que los “privilegios corporativos” están asociados con ideologías conservadoras, es decir, visiones conservadoras no ya sobre el poder judicial sino sobre la “sociedad” toda. Lo que importa no es si tal o cual legislador, periodista o intelectual vehiculiza alguna estrategia argumentativa creyéndola (y creyéndose) de “derecha” o (sobre todo) de “izquierda”, sino los recursos que tienen los participantes de un eventual conflicto para valerse de armas más o menos diversas. Aquí entra la historia.

La magistratura italiana tenía con qué resistir políticamente la supuesta “voluntad popular” y “mayoritaria” expresada en el magnate más rico (y “popular”) del “pueblo” y única figura política italiana capaz de concitar apoyo con total independencia de los resultados “logrados” por su gobierno (¿al fin y al cabo no se trata de un peronista?). Aquel poder judicial tenía y tiene algo muy particular como “corporación”: mártires. Es decir, se trata de una de las pocas “corporaciones judiciales” del mundo que le podía enrostrar al poder ejecutivo sus mártires asesinados por la mafia a la que algunos de sus integrantes habían combatido hasta la muerte. Más aún, no sólo podía hacer tal demostración, sino que estaba obligada a hacerlo, en especial cuando del otro lado había un elenco gobernante sospechado de tener o haber tenido vínculos con tal mafia. En Argentina las cosas son bien diferentes. En una primera mirada hay que decir que no hay mártires judiciales. Pero incluso si los hubiera, no está claro que se hubiese sabido articular (¿o intentado articular?) alguna estrategia política para utilizar esa trayectoria en el enfrentamiento con los poderes ejecutivo y legislativo. Y sin embargo, ampliando apenas un poco la mirada hay que decir que las formas autóctonas de la mafia tienen aquí la particularidad de atravesar más ampliamente todos los poderes del estado. Mejor dicho, aquí se trata de una industria con un más claro origen estatal.

Lo que da a pensar la experiencia italiana es que las posibilidades de “resistencia” a los otros dos poderes tienen que basarse en algo si es que entendemos a tal “resistencia” como forma de movilización política y no como un mero conflicto en el plano judicial. En Italia podía basarse en mártires y en una mínima prolijidad a la hora de “administrar justicia” en el capitalismo. En Argentina no hay nada de eso. Peor aún, una vez echado a andar el argumento del “corporativismo” se disminuyen las chances de tomar decisiones contrarias a los deseos del poder ejecutivo, independientemente de cualquier eventual cambio en las formas de “control” sobre el poder judicial (o sea, independientemente de lo que algunos entienden que es la reforma judicial). La posibilidad de una movida de “resistencia” de parte de algún sector de la magistratura (si se quiere, a la italiana) si pretende ser un hecho político más importante que un fallo judicial (todo lo político que se quiera) está bajo el condicionamiento de los propios recursos (los mártires, las trayectorias, el grado de oportunidad u oportunismo en que elige el momento para oponerse a un gobierno) y de los recursos que ostenta el eventual adversario (lo que incluye, como dijimos, el grado de difusión de la idea –no importa cuán acertada– de “corporativismo”). Para que haya alguna dinámica política de “resistencia” a designios del poder ejecutivo hay que decir que es demasiado tarde. Por eso mismo importa menos mensurar cuán “corporativo” es el poder judicial que resaltar cuán “corporativo” hoy se está diciendo que es. En términos políticos se trata de una batalla perdida. No se puede jugar en ese campo y por eso no es raro que cierta oposición (fiel a su trayectoria) elija ¡otra vez! dar la batalla en los peores términos posibles. Así estamos, dado que la brutalidad de tal oposición nos afecta a quienes nada tenemos que ver con ella, a través de su continuo apuntalamiento de la falsa visión que el oficialismo presenta sobre la realidad.

Decíamos que esas “resistencias” supuestas referían a la posibilidad de que las acciones de los magistrados (con lo sesgado que sea su presentación en tanto colectivo) constituyan un hecho político movilizador. Movilizador de opiniones políticas (y fuerzas) antes que movilizador de cuerpos en la calle. Entre la espada y la pared, la única manera de que haya alguna respuesta política de su parte debería surgir de reconocer justamente la propia debilidad política. Hacer el más escrupuloso análisis de constitucionalidad de las leyes de la reforma judicial que refuerce (sólo por esta vez) la mentira de la “asepsia” y evitando todas las tentaciones de erigirse en “salvadores” de una “república” que todos los días parece mostrarnos que, en caso de existir, no mereciera ser “salvada”. En otros términos, todas las filosofías del derecho y del estado son aquí inútiles (más bien, contraproducentes). Lo único que vale es el derecho positivo.

El diagnóstico de la propia debilidad política parece hoy algo más fácil a lo que llegar que en casos similares.[3] Sin embargo, entre las tentaciones que surgen para favorecer un diagnóstico equivocado estarán los cacerolazos, la referencia a “la calle”, las proclamas de cierta oposición y las fluctuaciones numéricas en el congreso. Pero a los jueces que comiencen el camino de las declaraciones de inconstitucionalidad no hay que “envalentonarlos”. El camino más racional es el de “apoyarlos con la indiferencia”. Ocurre que estamos en un momento extraño en que la burocracia exaltada (pero, a confesión de partes, no “roja”) sólo puede acusar recibo de una burocracia gris. Más bien, es lo que la primera está esperando; y por eso no deja de estar la consabida trampa y el siempre famoso “palito”.

II

Mejor dicho, no estamos ante una dinámica de conflicto en que podría existir un camino de salida delimitado entre unos márgenes peligrosos, y que por dentro de tales márgenes no estén las trampas y los “palitos”.[4] La trampa es una mera cuestión de grado, es decir qué “voltaje político” se le va a dar a la opinión en forma de fallo judicial de modo tal que represente aquello que se pretende que represente, o sea, “corporativismo”. Por eso el único camino elegible (pero no “posible”, por aquello que está fuera de los márgenes del camino) es el de mostrarse como una “justicia de los grises” evitando discutir con la idea de la “justicia del pueblo, para el pueblo y por el pueblo” y, sobre todo, caer en la tentación de reivindicar una “justicia de los grises, por los grises y para los grises”. Sin caer en esto último, es necesario un gesto de homenaje a la distopía weberiana de la falta del líder.

Si la trampa es una cuestión de grado, la anticipación por parte de quien pone la trampa también es una cuestión de grado. Si toma forma algo tan groseramente inconstitucional es porque se anticipa la no aplicabilidad de tal grosería (a tal punto de grosería que, por ejemplo, se asegurarían dos tercios del Consejo de la Magistratura –68%– para luego definir decisiones a realizar –innecesariamente– por mayoría absoluta). Nos dicen que la ley de medios estuvo “parada” por tres años y medio por culpa de la “corporación judicial” y al mismo tiempo nos dicen que para las primarias de agosto ya tendremos el camino allanado para la “democratización” del Consejo de la Magistratura. Obviando el pequeño detalle (que el kirchnerismo no puede sino, por definición, ignorar) de la participación oficial en aquella “no aplicación”, ¿no es demasiado contradictorio que nos pidan que creamos a la vez en el plazo de aquel lento proceso lleno de trabas y en el de la vía rápida para la “democratización” de turno? Lo que se anticipa no es una nueva “democratización por venir”, sino un nuevo conflicto en que el todopoderoso oficialismo “democratizador” (el primer adjetivo no fue nada irónico) vuelve a poder presentarse como víctima de “las corporaciones”. Por ello, la reforma judicial no es consecuencia de la ley de medios, sino consecuencia de lo útil que fue políticamente la “ no aplicación” de la ley de medios (algo que fue quizás un descubrimiento tardío para el propio kirchnerismo[5]). De allí, la nostalgia por el exitoso “7D”. Así, en la medida en que buena parte de la nueva normativa va a ser trabada, no cabe pensar en la reforma judicial como una medida de “control” de la justicia, sino en una medida de control de la “agenda” política. Y, para ser más claros, ésta no es una trampa, sino que es la estrategia política con la cual tirar el tiempo que quede (si es posible, rezando –ya que están tan pero tan chupacirios– en que la ley de medios también tenga tiempo para sufrir algunos reveses judiciales).[6] Se podría decir que se trata de una estrategia tramposa si no fuera porque ya hemos visto demasiado de todo esto.

La estrategia ratifica el poder que aún conserva el oficialismo para hacer y deshacer cada cosa que pensamos, debatimos e ignoramos los argentinos (es decir, eso que no merece y que nos rebelamos a llamar “agenda”). En este sentido, el primer punto que hay que destacar es una situación de asimetría de poder. En una situación de simetría podríamos ponernos a sopesar la relación entre los argumentos y los principios generales a los cuales (supuestamente) hacen referencia (lo pretendidamente “mayoritario”, lo “contra-mayoritario”, la “independencia”, etc.). Pero la asimetría marca la obligación de elegir qué hacer (y qué no hacer) caminando muy cuidadosamente. La situación es tal que el que se exalta (por principios, concedamos) necesariamente pisa donde no le conviene (o visto de otra manera, en donde conviene que pise). Por las mismas razones, el único capaz de exaltarse y avanzar atolondradamente es aquel que no importa dónde pise. O que puede pisar las trampas de exaltación que plantan sus superiores (un mínimo grupo de decisores del gobierno) sin ser consciente de que estos últimos lo están usando para eso. Esta diferencia en la, digamos, “despreocupación para caminar” ratifica justamente la situación de asimetría de poder. Todos los que no vivimos del PJ, por el PJ y para el PJ, pero en especial los miembros de la “corporación”, estamos entrampados a posicionarnos respecto de la reforma judicial,[7] pero estamos obligados a pisar cuidadosamente. No porque se pueda evitar la situación, sino porque hay que tener cuidado de no hacer del posicionamiento (con la justificación filosófica que fuera) una cuestión de principios (para colmo “exaltados”) que intensifiquen un “voltaje político” que termina justificando la idea de una lucha contra alguna “corporación”. Es justamente la situación de asimetría la que hace que los principios pasen a ser racionalizaciones valorativas (en uno u otro sentido) sobre “corporativismo” (la idea de lo “contramayoritario” es clara al respecto).

En términos de la batalla judicial (que no puede movilizar, como decíamos, bajo parámetros netamente políticos como en el caso italiano) se puede evitar la trampa sin tener capacidad alguna de revertir la estrategia oficial. Y, como dijimos, ese camino es el de ser un gris intérprete constitucional (con la argumentación jurídica lo menos pretensiosa posible). Camino para los abogados y los jueces, pero también para los que estamos afuera (apoyar con la indiferencia, decíamos). Por ello también nosotros no remitimos a principios exaltados; por ello también no vemos nada bueno en manifestaciones como las del 18 de abril, aún si pudiéramos abstraernos de su contenido y de sus participantes. La estrategia es irreversible, por una mera cuestión de correlación de fuerzas. Lo único que nos queda desear es que quienes tengan la obligación de fallar contra la reforma judicial sepan distinguir lo irreversible y lo accesorio; que sepan (por fin) aceptar la ya plantada escenificación de un largo conflicto judicial distinguiéndola de las trampas accesorias colocadas en los márgenes que sólo están allí para dar un carácter “principista” a dicho conflicto. Aceptar lo irreversible es la mejor manera de revertir un conjunto normativo que no está en el centro del interés gubernamental. El interés oficial no es el “control”, la impunidad penal o la re-re (que no son ni pueden ser más que, a lo sumo, deseos), sino el control de la “agenda” y la discusión de “principios” que nuevamente instruyen que el debate político tiene que estar totalmente abstraído de la realidad, digamos, “fáctica”. A fin de cuentas, el gobierno cumple ahora diez años de torpeza y de falta de alguna transformación sustantiva, motivo suficiente como para querer quedarse en la discusión de principios (algunos querrían reducir a la idea del “vivir en campaña”). Pero motivos hay de sobra: los principios que se le plantan enfrente son (por lo menos) débiles en términos argumentativos y quizás en términos morales; la propia trayectoria respecto de los “hechos” de estos diez años confirman que es mejor la épica que la acción (piénsese por caso en la política energética).

III

Entre las cosas risueñas que nos muestra esta “oposición” está en cómo se posiciona frente al gobierno. Se le planta un matón menemista enfrente que le dice “discutamos principios” y se pone la levita y acepta una y otra vez algo que implica mucho más que discutir con las cartas marcadas. Acepta la mera posibilidad de que se pueda discutir en términos de principios antes de poner en consideración quién es el que tiene enfrente planteándole el “debate”. Y, para colmo de males, se elige (por oposición, justamente) adoptar los principios más impopulares e incluso degradantes. Es decir, la “oposición” que sólo tiene para ofrecer discurso, adopta un discurso innecesariamente liberal y formalista frente a unos personajes cuyo discurso importa poco, dado que tienen impunidad para que su discurso y principios puedan no ser llevados nunca a la práctica (la “democratización” de los medios fue, es y será un ejemplo lineal en este sentido).

Por supuesto que así como tenemos esta figura del matón menemista que plantea un civilizado pero acalorado debate sobre la “democracia radical”, la “profundización del modelo” o la veleidad que se le ocurra en el momento, existe el menemista que puede encontrarse del otro lado de la mesa de debate. Y asimismo se lo oculta de manera tal que queda expuesto de manera cómplice. Tanto el oficialismo como la “oposición” operan cotidianamente[8] para aplanar las diferencias y posicionarse en “dos bandos” (cosa que volvió a reforzar la movilización del 18 de abril) y así aquellos opositores no menemistas olvidan la propia existencia (pasada y presente) del menemismo para definir a quienes estén en uno u otro “bando”.[9] Aquel ocultamiento que expone sufre las acusaciones (“¿éstos son los «defensores de la república»?”) hechas por el “bando” con mayor cantidad de menemistas (y con el propio Menem), de las cuales no suele poder salir por falta de reflejos a la hora de diferenciarse. Incapaz de diferenciarse (…se prefiere marchar con la minoría menemista “federal” y con la minoría menemista macrista y aceptar la idea de que existe un pedido de confluencia[10] –aplanamiento– de la “oposición”), la posibilidad de impugnar los intentos de “profundización” del menemismo por parte de quienes amagan con terminar de cooptar la justicia queda necesariamente encauzada hacia la discusión abstracta sobre principios “republicanos”.

Tan bien armada está la situación que pueden aún encontrarse diagnósticos de “menemchavismo” (¿siguiendo la ridícula teorización de Hayek? Ver video adjunto…): “…con este paso el kirchnerismo se va pareciendo cada día más al menemismo” (…) “si esta reforma se aplica, la Argentina habrá dado un paso más en el camino del chavismo, al cual la presidenta está decidida a llevarnos.”[11] Las limitaciones ideológicas que hacen que en la Argentina de hoy se pueda decir cualquier cosa (de uno y otro “bando”) llevan a que quien está desesperado por diferenciarse indiferenciadamente del otro “bando”, no se pregunte por la necesidad de elegir algún diagnóstico para hacerlo (¡pero sólo uno!). Atacar con la idea de algo lejano, brumoso y todavía con perspectivas de cierto futuro como es el chavismo, en lugar de elegir algo local, cercano, concreto y perteneciente al pasado constituye un error político grosero antes que una carencia analítica (que también lo es). Si la figura del matón menemista plantea un debate, hoy se le dice “Señor, ¿pero usted concuerda con el último texto sobre decisionismo de Chantal Mouffe?” Vale aquí parafrasear la vieja expresión del árbol y el bosque: en especial desde que el kichnerismo sumó al senador por La Rioja pareciera que a gran parte de la “oposición” el Menem les tapa el menemismo.

Por todo lo dicho creo que poco queda por justificar que utilicemos tan copiosamente tal calificativo. Es también una forma de resistencia a esta realidad injusta que no nos oculta sus rostros más perversos; a veces hacen alarde de alguno de ellos… ¡con gestos de burla! Cierta oposición (a la que intentaremos luego dar un nombre) se define por estar lejos de la realidad (aquí es correcto que el kirchnerismo se lo reproche), pero no por presentar algún contrarrelato o unas contraestadísticas, sino por huir de lo evidente. Contra Menem había que hacer el trabajo de discutir “principios” no sólo porque sus defensores no podían presentar unos “principios” más “democratizadores” o menos “conservador-liberales”, sino porque no había una experiencia histórica reciente (bajo el régimen constitucional) en base a la cual ejemplificar principios abstractos o la deformación o ausencia de ellos. Hoy la experiencia está y es relativamente reciente, pero la mayoría de quienes están obligados a ponerla en juego prefieren rehuir (también) de ella.

El apartado anterior lo terminamos diciendo que de parte del kirchnerismo se prefiere la épica sobre la acción y ahora aquí pareciera que el alejamiento de la realidad es algo que achacamos a la “oposición”. Como si la vieja frase de Ortega generara en unos y otros la propensión de “huir de las cosas”. En rigor, cierta oposición es aquí (vuelve a ser) la versión en espejo del kirchnerismo, y no por nada suele quedar aislada en “campo adversario”. La diferencia entre uno y otro no es de nivel de alejamiento de la realidad sino de conveniencia a la hora posicionarse (o ser posicionado) en tal nivel. Los resultados están a la vista.

Todo este derrotero acerca de la “oposición” viene a cuento de mensurar cómo han sido las posturas acerca de los proyectos de la reforma judicial para advertir sobre las “trampas” del futuro “voltaje político” de los fallos judiciales. Quiero traer a cuento dos experiencias de análisis “legal” reciente en tanto son representativas de algunos de los problemas existentes a la hora de analizar una “medida” gubernamental. Aún cuando las experiencias poco tengan que ver con la “oposición”, remitiré (sin nombrarlas) a corrientes, partidos y organizaciones políticas entre quienes estábamos algunos individuos bajo la coacción de exteriorizar algún tipo de pronunciamiento. Caso uno. La benemérita ley de medios, una ley compleja[12] que parecía obligarnos a consultar a un abogado especializado para saber qué significaba tal o cual cláusula. Algunos eligieron el camino del análisis del contenido normativo y sacaron sus conclusiones al respecto. Otros preferimos posicionarnos en función de la realidad (política y mediática) que veíamos en el momento (teniendo en cuenta la trayectoria de la relación del gobierno con los monopolios, desde Clarín hasta Telefónica de España). Los primeros sacaron conclusiones tales como que había mucho de progresivo en (por ejemplo) la limitación a la participación de las telefónicas en el mercado audiovisual (Telefónica de España agradece su candidez…). Otros preferimos atenernos a los hechos. Por supuesto que uno y otro análisis pueden remitir a la “discusión de principios”, pero la cuestión está en que muchas veces quieren que remitamos a unos principios (“democratización”) que no tienen nada que ver con la realidad. Caso 2. Ley Nacional de Educación Superior (nombre hipotético). Esta ley que nunca existió y que cada tanto es aludida en ámbitos universitarios como la ley que habría de reemplazar a la Ley de Educación Superior de 1995 ocasionó en algunas de esas apariciones la necesidad de algunos de posicionarse a partir de algún tipo de análisis. Aquí también estuvo la disyuntiva de realizar un análisis de contenido normativo o un análisis (a falta de mejores palabras) “fáctico”. En este último caso se podía analizar tanto la situación universitaria como la política gubernamental para con la llamada “educación superior”, hechos (que por supuesto incluyen palabras y “principios”) que estaban más allá de lo que pudiera decir un eventual articulado. Ahora, ¿por qué remitir a un caso como éste, cuando existen otros tantos en los que prima o ha primado el análisis de contenido normativo (por ejemplo, la “Ley de Soberanía Hidrocarburífera”)? Si el caso de la ley de medios demostraba candidez, este segundo caso permitía una imaginativa estupidez. Un proyecto de ley que nunca fue presentado llegó a merecer análisis del contenido normativo aún en la plena inexistencia del, justamente, contenido normativo. Por contraste, hay que decir que el kirchnerismo no comete este tipo de errores. En todo caso, este tipo de referencias al contenido normativo son propaganda, nunca errores analíticos.[13]

A la hora de analizar la reforma judicial primó en cierta oposición el criterio del análisis de contenido normativo. Así, no importa la factibilidad de lo dispuesto (de nuevo, hay que volver a recordar… la factibilidad de la “democratización” de la comunicación, la factibilidad de la “soberanía” hidrocarburífera y un larguísimo etcétera), sino la letra de la ley. Por supuesto que la ley tiene entidad en este sentido y por supuesto que hay que conocerla (cuando existe, a diferencia del caso señalado de la LNES). Pero el análisis político no puede sustituirse por el análisis del contenido formal. A lo sumo este último sirve para un posicionamiento dentro de cierto recinto: el juzgado para el caso del juez, la cámara legislativa para el caso del diputado o senador. Pero cuando un dirigente o militante político fuera de esos ámbitos reduce su análisis político al análisis de contenido normativo muestra su alejamiento de la realidad. Por más exaltadas que sean sus conclusiones, su “materia prima” para la acción política queda reducida a la formalidad. Es más, muchas veces su formalidad sustituye el discernimiento político: en lugar de criticar una ley por ser una mala ley, se termina diciendo que se trata de una ley inconstitucional. En último término, se llega así al colmo del formalismo; ocultar el juicio detrás de la formalidad del viejo texto constitucional no es más que mostrar la formalidad de su existencia en tanto oposición.[14]

Antes decíamos que a esta oposición hace falta buscar cómo nombrarla. No se me ocurre nombre mejor que oposición formal. Desde hace algunos años se me presentó la necesidad de investigar los nombres con que la izquierda llama a las derechas, los problemas que presentan “los nombres de la derecha” cuando estos últimos aparecen apresuradamente en los análisis de la izquierda. Lamentablemente, por falta de tiempo no he podido hacerlo. Tal necesidad expresa obviamente un desacuerdo con las formas en que los partidos de izquierda resuelven sin resolver este problema. “Oposición patronal”, “oposición parlamentaria”, “derecha patronal”, “oposición de derecha”, etc. que marcan, entre otras cosas, la posibilidad de que se sobreentienda que el oficialismo se trataría de algo diferente. Por ahora no encuentro nombre más indicado que “oposición formal”, algo que remite tanto a la formalidad de su oposición (su sustancia política es una mera formalidad para el régimen político), como al carácter tantas veces cómplice de una “oposición” cuya principal tarea cotidiana es la de reforzar al kirchnerismo o publicitar cierta “radicalidad” de éste aún cuando su cúpula desmienta palabra por palabra tal “radicalidad” (“tercerización opositora del discurso doble”)[15]. Es así que no sólo el adjetivo modifica el sustantivo “oposición”, lo pone en cuestión.

En los últimos días ha aparecido un camino de genialidad por el cual volver a demostrar a la oposición formal como una mera formalidad para el régimen político. Incluso cuando una lectura llana pareciera mostrar lo contrario, es decir la amenaza de “salirse de juego” o “patear el tablero”. Nos referimos a la propuesta (esbozada por ejemplo por el presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal) de no presentarse a las elecciones de consejeros de la magistratura. Por todo lo que ya dijimos, se trataría de una muestra sincrética de cómo presentarse como opuesta al sistema eleccionario (eludiendo criticar al régimen político) y a una “democratización” que se ratifica discursivamente por el mero hecho de llevar al primer plano la cuestión electoral. Como no existe golpismo ni obstruccionismo fuera de la propaganda oficial, algún viejo dirigente de la UCR se entusiasmará con la alusión al viejo “abstencionismo revolucionario” que haga así del obstruccionismo un hecho concreto de propaganda que pase a ser publicitado por todo el arco político. Nosotros hablábamos de buscar el menor “voltaje político” posible y algunos se especulan con meter los dedos en el enchufe. La oposición formal no más que es un electricista inexperto que en lugar hacer su propio diagnóstico sobre si puede o no electrocutarse, delega el diagnóstico en unas masas en la calle que incitan a la acción y, por eso mismo, incitan a saltearse el diagnóstico. La diferencia es que el juicio de unos caceroleros no profesionales cometen un error (de nuevo, abstraemos contenido de reclamos, participantes, “origen social”, etc., porque –a diferencia de casi todos los análisis al respecto– no es allí donde reside lo más peligroso), mientras que los profesionales de la política no cometen un juicio erróneo porque su discernimiento político se encuentra tercerizado.

—¿Cortaron la luz?

—Vos dale.

IV

Si recién hicimos una mínima referencia al “origen social” y si todo el apartado anterior fue plagado de referencias al menemismo, queda aún explicitar la particularidad de un fenómeno político en el cual estas referencias se combinan. Antes de tratar tal fenómeno, habremos de concluir con el análisis (de segundo grado) de la reforma judicial.

El quiebre de la forma de selección y acusación de jueces implicada en el artículo 114º de la constitución podía recibir todo tipo de críticas que podríamos agrupar en cuatro grandes “caminos críticos”. Dos de ellos estuvieron en relacionar el mecanismo propuesto de selección y acusación con etapas pasadas, en un caso con los ochenta (la primacía de la Comisión de Acuerdos del Senado) y en otro con los noventa. Un tercer camino lo relacionaba con una etapa “futura” supuestamente nunca vista en Argentina (sea una futura etapa “chavista”, sea una nueva o futura etapa “fascista”). El cuarto camino (que fue el que predominó) se contentó con partir del análisis formal desde el cual remontarse a principios abstractos y evitando hacer –por formalista, justamente– referencias históricas.

A lo sumo, en este cuarto camino, la historia sólo estaba de manera invertida, es decir objetivada en tradiciones filosóficas (bajo la idea de los “principios”) que en los siglos XVIII y XIX pontificaron (a partir del miedo) sobre los “equilibrios” (o “contrapesos”) necesarios en un régimen político para preservar al sistema de la amenaza de las “mayorías”.[16] Es decir, la historia sólo entra en el argumento de los actuales analistas formales indirectamente y con más de 120 años de atraso. ¿Para qué? Para dar cuenta del temor (pre-sociológico) implicado en la vieja pugna entre la minoría y la masa, la plebe, el populacho, etc. Hermoso y anacrónico regalo que esta oposición formal le realiza a esta versión de peronismo que requiere (desde Puerto Madero) exaltar la mera retórica plebeya (no por nada los fragmentos presidenciales más aclamados no son cuando realiza una fuerte delimitación política, sino ante algún significante aislado, por caso “peronchos”). Atraso conceptual que, por otra parte, vuelve a ocultar que desde la instauración del régimen democrático en la segunda mitad del siglo XIX en Europa los conflictos políticos son (salvo situación revolucionaria) necesariamente entre minorías. Por supuesto que no les podemos pedir a nuestros “demócratas” que mantengan una posición no cínica respecto del régimen democrático, pero lo mínimo que tendrían que hacer es anoticiarse de que existieron armados conceptuales más modernos que dieron cuenta del funcionamiento de la “democracia” una vez alejada la etapa del miedo de las elites (¿en la actual decadencia cultural Weber ya pasó a ser reducto de los eruditos?).

En los otros tres caminos que referíamos, los que hacían una referencia directa a la historia (pasada o “futura”), el formalismo no está ausente. No perdamos el tiempo en la estupidez (que también remite a los principios de la división de poderes, las “mayorías”, lo “contramayoritario”, etc.) del futuro “chavista” o “fascista”. Aun aceptando la tentación de no dejar de lado la relación entre los principios abstractos y la etapa histórica, sí se podía hacer una elección entre remitir a la forma de selección y acusación de jueces de los ochenta o la de los noventa (remitir a un pasado concreto sin Consejo de la Magistratura era lo más racional entre los cuatro caminos señalados, por ser menos abstracto y por no contribuir al “voltaje político” con que lo harían referencias a abolir la república, en términos filosóficos o en términos de remitir al fascismo). Cómo dijimos a propósito del problema que tienen aquellos a quienes el Menem les tapa el menemismo, la oposición formal volvió ante tal disyuntiva a elegir mal. Alguno incluso llegó a vincular la reforma judicial con los ochenta, dada la combinación de ausencia del Consejo de la Magistratura con alta inflación. Todos los que hicieron el parteaguas en la reforma constitucional del ´94, omitieron el detalle de que la ley del consejo no se votó hasta 1997, no se promulgó hasta 1998 y que la primera terna de jueces se seleccionó en el año 2000 (para colmo la referencia a los ochenta obviaba que la presidencia y el senado pertenecían a partidos distintos). Nuevamente, todas las señales apuntaban a los noventa y al menemismo, pero se volvió a rehuir de la realidad. Y además el argumento “ochentista” fue bien obstaculizado por algunos kirchneristas cuando eligieron ensuciar la ya absurda discusión de la mayoría absoluta versus los dos tercios, remitiendo por ejemplo a la diferente composición del senado (sin senador por la minoría) previa a la reforma del ’94. Se podría haber dicho que se trata de una propuesta de volver al menemismo (1995-1999, es decir con constitución nueva, senador por la minoría y Consejo de la Magistratura ausente), pero ni para eso sirve esta oposición formal. Hablemos entonces de Chávez… nueva forma de decir que se le tiene miedo a las mayorías plebeyas, como si estuvieran políticamente activas. Nuevamente se muestra como una oposición formal que en sus juicios no hace más que reforzar nuestra plutocracia plebeya.

La primera etapa en que la plutocracia plebeya se sintió suficientemente fuerte en términos culturales hizo alarde de sus “valores”, esto es durante el menemismo clásico. Contra su desenfado prosaico por el poder y (sobre todo) el dinero, algunos reaccionaron empujados por el mito de la “sociedad de clase media”. Bajo este mito se decía que al menemismo lo apoyaban los de arriba y los de abajo y, por tanto, era en “la cultura” donde podía pararse alguna “clase media” para afirmar sus valores contra los “disvalores” que los noventa implicaban. De allí que no fuera tan desubicada la búsqueda del debate político en base a ciertos “principios” (acerca de los cuales Clarín –para ejemplificar en términos mediáticos– terminaría por confluir con Página/12). Dicho sea de paso y por otro lado, todos los falsos debates de hoy sobre la “clase media” oponiéndose en la calle parten de recortar el presente respecto de la historia de la que se viene (a lo sumo y como –cómoda– excepción se puede remitir al peronismo de los cuarenta, sin ver el de los noventa) y de recortar también una “clase media” o “media-alta” respecto del resto de la jerarquía social, es decir, volviendo a hacer caso omiso de las posturas y acciones de los de “más arriba”.[17] La marca de época del kirchnerismo está en que tuvo por uno de sus principales logros el de “moverle la cultura” a la “clase media” desde la cual podía pararse para mantener (aunque fuera sólo para sí) su “propia” visión del mundo: cooptarla y a la vez hacerla trastabillar. No es casual que los últimos cacerolazos sean tan culturalmente decadentes, incapaces de pararse en algún lugar y necesitados de las consignas más berretas de las (en el sentido de Bourdieu) fracciones dominantes de la clase dominante que suelen hacer (bueno, de eso hemos hablado en toda la nota) una pedagogía política (el “liberalismo” argentino viene de ser especialista en la materia) que degrada con condescendencia. Por las mismas razones, son muchas veces injustas las críticas políticas al contenido de las manifestaciones, cuando de lo que se trata es de su incapacidad cultural de producir algún contenido que se pudiera juzgar políticamente.

Por error alguna vez Diego Capusotto habló del kirchnerismo como “menemismo con derechos humanos”. Los tiempos eran otros y lo que hemos visto desde entonces es una degradación mayor del debate político. Por el lado de los derechos humanos hemos visto consolidada la conquista social de la anulación de las leyes de impunidad (logro que –pese a lo que dice el kirchnerismo– hizo que hasta el PRO saliera declarar no querer innovar en el tema, una vez que el menemista descarriado Diego Guelar propuso una amnistía). Por el otro lado hemos visto el enorme retroceso social y la consecuente conquista para el gobierno de que desde hace unos años los derechos humanos y los años setenta pueden significar cualquier cosa. Y, desde ya, la definición de Capusotto era falsa sabiendo un poco de la situación de los derechos humanos en la Argentina del hoy (una definición, en tanto un concepto –como la de Capusotto– debería servir para hacer ver más de lo que oculta, lo que no fue el caso). De cualquier manera, el tema a resolver es qué hacer con esa cosa recurrente llamada menemismo.

Para no entrar en la discusión sobre las teorías de las clases y aquello de erróneo que suele haber en la idea de “clase media”,[18] haremos, de modo compensatorio, un rescate de una sugerencia de un viejo querido marxista. Althusser utilizó la idea del “concepto práctico” para señalar la particularidad de conceptos no teóricos (en su sentido fuerte) que sirven para marcar aquello que necesita una explicación (llegó incluso a entender de esta manera a la clásica –y monolítica–metáfora edilicia de base/superestructura). Así, hay cosas que necesitan una explicación, que necesitan conceptos teóricos, que necesitan herramientas conceptuales que sirvan para calibrar las continuidades históricas ocultas detrás de las retóricas de supuestas rupturas. Me atrevería a sugerir un concepto práctico para marcar un rasgo que (como sugeríamos a propósito de la discusión sobre la “clase media” en los noventa) es poco aprehendido del kirchnerismo. El rasgo que hay que analizar es que lo que el kirchnerismo tiene como menemismo apto para consumo de la “clase media”. Con sus intelectuales, con sus medios clasemedieros de los noventa, con su referente uruguayo de la “buena voluntad cultural” (transmitiendo desde París), con su pie puesto en la universidad, con su búsqueda atávica de la “culpa” de los porteños cultos de los sesenta, con aquella parte de su base electoral que creció no expensas del panperonismo, sino de la UCR, el PS y el ARI. Es también en ese rasgo en el que hay que advertir a la hora que aparecen (o aparentan estar) en discusión algunos “principios” abstractos.

[1] Estos “planes” a los que referimos (que son, al contrario, ausencia de ellos), los definimos en «Planes para que no haya planes: viaje por la cartografía política kirchnerista», septiembre de 2012.

[2] Personajes que bien cabe englobar en la correcta denominación de Eduardo Grüner de “Sociedad de Irresponsabilidad Ilimitada”. Ver «Otro crimen social más y van…», 3/4/13, en <http://www.ips.org.ar/?p=6870>.

[3] En contraste con el caso del Grupo Clarín, aquí existe la posibilidad de discutir un diagnóstico (entre cierto colectivo, más allá de entre quienes sea haga), en tanto que en aquel caso primó una estrategia susceptible de ser entendida como la de un consejo de administración. “…el Grupo Clarín jugó mal porque no puso su rol como actor político por encima de su defensa como mera persona jurídica empresarial que discute la regulación de su ámbito de actividad. Salió atacando políticamente bajo una estrategia empresarial, cuando debía haber actuado políticamente incluso para proteger sus intereses empresariales.” A. Blancovsky, «Notas para un análisis relacional del éxito del 7D», diciembre de 2012. § II.9)

[4] Nuevamente aquí se marcan diferencias con el caso de la ley de medios, en que el antagonista podía haber transitado un camino libre de peligros (ver la hipótesis del suicidio simulado del Grupo Clarín en Ibid., en especial § II.9).

[5] De hecho, muchos sectores que fueron neutros u oscilantes a la hora de la sanción de la ley en 2009 (CTA y todo el neosabatellismo) al año siguiente pasaron a ser ariete de una fuerte retórica por el pedido de “aplicación de la ley” frente a las trabas de las cautelares de Clarín (obviando a su vez la traba más grosera impuesta en la justicia en Mendoza a iniciativa de Vila-Manzano). La discusión bajo el lema de la “aplicación” constituyó una avanzada en la aceptación de aquello que habría que “aplicar” y que llega a ser (por lo que sabemos) un punto de conflicto dentro de la Red Nacional Nacional de Medios Alternativos.

[6] Como adelantáramos en «Notas para un análisis relacional…» el recorrido de la cautelar para las cláusulas legales se va acortando (por su propio trámite judicial) y por tanto todo apunta a que estemos obligados a ver el espectáculo de la judicialización de la “adecuación de oficio” que deberá ser necesariamente desprolija.

[7] Al igual que con el caso de la ley de medios, los ajenos a las “corporaciones” mediática, judicial y política carecemos de la fuerza para hacer valer plenamente nuestra ajenidad (si pudiéramos siquiera trataríamos estos temas). Lo cual no significa que quedando parcialmente “dentro” del “conflicto” debamos ser “imparciales” ni optar porque gane el “menos malo”. Significa que los que estamos contra todos esos actores también sufrimos los errores (u horrores) que cometen los participantes aún en la prosecución de sus propios objetivos no altruistas. En el caso de la ley de medios están bien claros los efectos sobre nuestra ajenidad (afectada) no neutral: “Si se hubiera partido de otro diagnóstico o hubiera sabido corregirlo a tiempo, quizás el Grupo Clarín hubiese podido llegar al «día del testaferro» en condiciones tales que pudieran hacer jugar la laxitud de la regulación a su favor. Lo cual es importante no porque quisiéramos que el Grupo Clarín defienda mejor sus intereses económicos o porque su «adecuación» nos afecte en términos de ciudadanos que sufrimos el riesgo en que se encuentra la «libertad de expresión», sino porque el juego al que se ha prestado ratificó todo el ordenamiento político implicado en la ley de medios y, por tanto, nos subordinó a nosotros, no a batallas ajenas (y también en este sentido es limitada la idea de lucha interburguesa) sino que nos subordinó a quienes no estamos posicionados dentro del espectro [político] «ordenable» para que quedemos a los ojos de terceros dentro del espectro siempre-ya ordenado.” «Notas para un análisis relacional…», § II.8.

[8] Ambos operan, pero como explicamos en «Planes para que no…», el rol predominante no puede no adjudicarse al oficialismo.

[9] Se suelen olvidar hasta de la propia existencia de Carlos Menem y del “bando” al que pertenece. Excepción que marca la regla: la presentación de senadores del FAP para excluir a Menem de la cámara luego de su reciente condena judicial constituyó (pese a lo mínimo y efímero) la única muestra de lucidez parlamentaria que hemos visto en años.

[10] Un pedido “de la calle” (opositora) que esconde el hecho de que se trata de un pedido (o necesidad) del kirchnerismo. A fin de cuentas, este tipo de cacerolazos no demuestra ni un “avance de la derecha” ni un cambio en quien “controla la calle”. Saliendo de la lectura superficial se ve que el oficialismo ahora pasa a “controlar la calle” sin molestarse en movilizar los cuerpos que habrán de ocuparla.

[11] Nelson Castro, «El kirchnerismo se parece cada día más al menemismo» (editorial radial -¡la misma!), 9/4/13, <http://www.continental.com.ar/opinion/bloggers/blogs/por-nelson-castro/el-kirchnerismo-se-parece-cada-dia-mas-al-menemismo/blog/1875118.aspx>.

[12] Quizás la única ley de la historia de la humanidad que en el boletín oficial contaba con… ¡notas al pie!

[13] Si bien el neosabatellismo suele caer en el análisis de contenido normativo (y por los mejores “principios”, como en los casos mencionados: ley de medios, LNES, YPF) hoy se encuentra en el dilema de buscar la forma alejarse de una oposición que no hace más que quedarse en el mero análisis del contenido normativo. Así, si el kirchnerismo reconocido como tal se muestra deseoso de dejar la discusión en términos abstractos, al neosabatellismo sólo le queda redoblar la apuesta por la abstracción, suponiendo la idea de una mera “politización” abstracta a la que hay que agradecer (¡gracias Néstor!) que todo se discuta. Muestra sí aquí (y es coherente) la aspiración a la “profundización del modelo”… Nuevamente cae en publicitar gratuitamente las “medidas” gubernamentales, prefiriendo así el “mal menor” (consecuentemente) en el dilema entre propaganda y estupidez.

[14] Un “palito”, pero no político (como los que el gobierno planta en vistas a elevar el “voltaje político”) sino argumental fue el que plantó el paleo-operador Horacio Verbitsky a propósito de la “dudosa constitucionalidad” del proyecto de ley acerca de las cautelares («El fuerte y el débil», Página/12, 14/4/13). Camino interpretativo en el que el oficialista sigue aquí a la oposición, redoblando el error de enfoque por el cual las leyes son anticonstitucionales antes que malas o injustas, enfoque del colmo del formalismo que (por lo dicho a propósito de la correlación de fuerzas) es un lujo que solamente puede darse el oficialista.

[15] Algunos ejemplos de lo que llamamos “tercerización opositora del discurso doble”: “…lo de [Julio] Bárbaro (y varios otros) sería irrelevante [la idea de alguna vinculación con Montoneros] si no fuera porque refuerzan una legitimidad «por izquierda» del kirchnerismo que este último sólo puede aceptar en las sombras («por izquierda», pero –mal– dicho en el sentido de un acto irregular o por fuera del marco tributario). Y así, la acusación es el mejor tipo de elogio, dado que cubre de una pátina medianamente respetable a alguien que no sólo no se lo merece, sino que aún si lo mereciera no estaría dispuesto a recibir tal elogio. Bajo esta lógica de tercerización opositora del discurso doble, la acusación es una de las mejores formas de elogio. Por eso es no sólo mentirosa (sobre el pasado y sobre el presente), sino que es cómplice. Del mismo modo, cuando Clarín (y Macri) habla de la «chavización» (…) o algún delirante habla de «estalinismo de Puerto Madero», el incomprobable insulto se transforma en un elogio, en tanto reafirma lo que está en debate que no es la «violencia», ni los setentas, ni el republicanismo, ni las formas democráticas, sino si existe o no alguna mínima intención transformadora. Y en este sentido, hasta «estalinismo» es un elogio por partida triple. Con el beneficio de eliminar el análisis de la realidad llevándonos a etapas históricas que nada tienen que ver con la actual, se oculta la realidad (1) y se restringe la crítica (2) a una mera cuestión de formalidades y procedimientos «democráticos». Como resto del discurso, como saldo discursivo, queda la voluntad de transformación social (3), a la que poca mella le podría hacer la crítica «republicana», cosa que un peronista como Bárbaro debería haberlo aprendido, en tanto se pretende criticar a un gobierno que se dice peronista (aún con la acusación ridícula de estalinismo) posicionándolo en el lugar que más le conviene (y así cualquier periodista o intelectual que entre en este «camino crítico» pasa a tener como poder crítico el poder radical que podría tener el más oscuro concejal de la UCR en 1948; y, no contradictoriamente, su «crítica» es poderosa en tanto está mucho más amplificada y, por tanto, es poderosamente cómplice). Y la crítica procedimental (los medios) hace años que está demostrado que es muy insuficiente para hacer ver los fines, el injusto país al que tantos procedimientos (republicanos o no) nos condenan.” “salir de la dificultad para ver la ideología oficial requiere de salirse del juego de espejos entre el supuesto “populismo” del discurso oficioso (pero no oficial) y la crítica a tal discurso, que no es crítico de la realidad sino un juicio doblemente falso. Juicio doblemente falso por ser una crítica desacertada a algo cuyo único objeto de análisis es la falsa publicidad del discurso oficioso.” «Planes para que no…».

[16] Si bien a partir del siglo XX es erróneo basar el juicio sobre los “límites a las mayorías” en base a esas filosofías obsoletas, tal error conceptual puede derivar en un error político mayúsculo cuando del otro lado se tiene bien armada la creencia en que es la “mayoría” la que gobierna (creencia que no implica que esté “bien armado” el discurso o el argumento, dado que a la fe no le es imprescindible una buena “hechura”). Para un caso de utilización en otro contexto, se puede ver el no por eso menos abstracto discurso de Luis Zamora en ocasión del primer intento de juicio político a la “mayoría automática” (10/10/02, parte de la versión taquigráfica en <http://www.diputados.gov.ar/diputados/ecarrio/discursos/debate.jsp?p=120,31,1,CARRIO,ELISA%20MARIA%20AVELINA>). Aunque a continuación remitiremos a analistas con una cultura política incomparablemente menor, queremos creer que un diputado de izquierda hoy no haría las mismas referencias teóricas (en base a críticas a, por caso, los Federalistas como en el caso citado).

[17] Falso debate en que no hay significados sino apenas significantes. “Clase media” es lo mismo entonces que “oligarquía”, significantes de acusación que se alternan en la consigna, pero que (carentes de “referencia” diríamos en una lingüística referencial) difícilmente son combinados (lo que no quiere decir combinables) en el análisis concreto.

[18] Cuando se adopta una perspectiva de clase puede darse que del otro lado se responda con la mera estupidez (no importa si es a causa de puro cinismo –traficado como “ironía”), como fue el caso de la respuesta televisiva de Eduardo Anguita a una intervención de Fabián Harari acerca de la participación de trabajadores en los cacerolazos (“…los obreros están mucho más rubios que antes…”). (La historia en debate, CN23, < http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XK1VzrApbsU#t=37m35s>.) Recuérdese lo que anteriormente decíamos sobre la utilización plutocrática de significantes como “peronchos”.